lunes, 3 de junio de 2013

JUSTICIABILIDAD DE LOS DERECHOS SOCIALES EN GUATEMALA




Lic. Noé Nehemías Rivera Vásquez
Abogado y Notario 
Maestrando en Derecho Constitucional
Universidad de San Carlos de Guatemala

Atendiendo a la época de su reconocimiento y la ideología dominante, los Derechos Humanos han sido nominados y clasificados por la doctrina científica en orden de su aparecimiento: Derechos Humanos de Primera Generación, de Segunda Generación, de Tercera Generación y de Cuarta Generación. El proceso ha sido evolutivo en la medida que el poder estatal ha cedido espacios y la lucha de clases han conquistado mejores condiciones de vida para los pueblos. Sin embargo, el proceso no ha sido fácil, y la batalla continúa, ya no enfocada en el reconocimiento, positivación o especificación de estos derechos, sino hacia la justiciabilidad de los mismos, es decir, la lucha por que sean efectivos, por que se cumplan, que transformen la dimensión fáctica del derecho y se dejen sentir los valores jurídicos que pretenden realizar dentro de la sociedad.

Como primera arista de los Derechos Humanos, encontramos los derechos individuales, también llamados de primera generación o civiles y políticos, los cuales surgieron como antítesis que provocó  el cambio del sistema feudal y su gobierno monárquico, omnímodo y totalitario, nutrido por el dominio ideológico de la Iglesia. Los derechos individuales pues, surgen como reclamación de la burguesía emergente y su liberalismo económico con su emblema dejar hacer, dejar pasar. En la actualidad como en otrora, el nuevo liberalismo (neoliberalismo), trata de seguir sosteniendo los mismos postulados, pero tratando sutilmente de borrar o esconder las falencias del sistema capitalista liberal. Sin embargo, la historia no nos dejará mentir, con relación a que el sistema individualista del liberalismo económico y hoy neoliberalismo, es el causante de las grandes injusticias sociales de la miseria que la humanidad y de todos los males que aquejan los Estados desde tiempos añejos.

Los Estados por su parte, se afanan cotidianamente por proteger y garantizar el ejercicio de ciertos derechos humanos, generalmente los civiles y políticos, porque tienen la presión de quienes detentan el poder económico. Sin embargo, ha olvidado que los derechos humanos son un sistema, y que la ausencia de uno de sus elementos causaría el caos y desequilibrio social, dicho en término políticos “ingobernabilidad”. Por ende, se debe superar la miopía que existe en torno al tema, y establecer que todos los derechos humanos son importantes, y que proteger unos sobre otros, es sinónimo de hipocresía política, que pretende engañar con un discurso demagógico a las poblaciones adormecidas por la ignorancia.
 
Los derechos sociales, concebidos desde sus orígenes como producto o resultado de la lucha de clases (Karl Marx), han significado avances gigantescos para las sociedades universales, pero sobre todo se han convertido en ideales para mejorar la calidad de vida –considerada en otrora patrimonio exclusivo para las clases oligárquicos que detentan el poder-. “El reconocimiento de los derechos laborales, económicos y culturales en Guatemala se debió básicamente a la pugna social y conquista jurídica de los trabajadores y sectores sociales en 1944, quienes anhelaban y anhelan aún, por el mejoramiento de sus condiciones económicas personales de vida.” [1]

Bajo esta premisa, no obstante ser liberal conservador, Edmund Burke realizó una consideración importante para la exigencia del cumplimiento de los derechos sociales cuando acotó: “Si la sociedad civil se ha creado para el avance del hombre, todos los avances que ha efectuado llegan a ser su derecho.  (…) El hombre tiene derecho a una porción justa de todo lo que la sociedad, con todas sus combinaciones de habilidades y fuerzas, puede hacer en su favor. En esta sociedad todos los hombres tienen iguales derechos.”[2]

En tal sentido, si el ser humano ha participado durante la conquista de los derechos económicos, sociales y culturales (Título II Capítulo II CPRG), -las acciones no se quedan allí-, falta aglutinarse nuevamente como parte de la sociedad civil para asegurar su adecuado cumplimiento, porque estos derechos, coincidiendo con algunos autores que han considerado a estos derechos como “los verdaderos derechos humanos”[3], debido a que la justicia, la equidad y el bien común, valores constitucionales y fines supremos de los Estados Constitucionales Modernos, sólo podrán alcanzarse, en la medida de que el ser humano tenga las condiciones materiales y espirituales necesarias para su desarrollo integral, -los derechos individuales se quedan cortos para lograr un verdadero desarrollo humano-. 

Los grandes problemas sociales y crisis de gobernabilidad de los países en América Latina, se deben pues a la falta de justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, ya que el reconocimiento y positivación de dichas derechos no necesariamente garantiza que se cumplirán o se dejará sentir sus efectos en la dimensión fáctica o de hechos. A ese respecto el profesor Cáceres Rodríguez apunta: “Los problemas de violencia actuales derivan de la situación económica y social de nuestra nación, similar situación aqueja a los países de América Latina; de allí la importancia de promover hondamente los derechos económicos, sociales y culturales de estas naciones.”[4]


Derechos sociales que merecen especial comentario por la necesidad de su eficacia y aplicación fallida en Guatemala podemos mencionar: Derecho al trabajo, derecho a la salud, derecho a la vivienda, derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. Como su nombre lo indica, los derechos sociales atañen a la población, a las grandes mayorías o masas (en términos de Ortega y Gasset), las cuales desde tiempos inmemoriales han sido utilizados mediáticamente para lograr el ascenso al poder de la clase dominante, (en las democracias de fachada) para luego ser marginadas, explotadas y privadas de la educación y conocimiento para asegurar su ignorancia perpetua. “La desigualdad social coadyuva además en que éstos derechos sean ilusorios e inaplicables.”[5]

En ese orden de ideas, por comentar algunos de los derechos sociales que más se vulneran en Guatemala se cita el derecho al trabajo. Los niveles de desempleo en el país son exorbitantes, el subempleo constituye la regla general no la excepción. Ese contexto de desempleo es tierra fértil para cultivar la explotación laboral, la simulación laboral y la supresión de los principios, garantías y derechos laborales constitucionales. Esa carestía laboral además produce que las familias mantengan una economía de subsistencia o sobrevivencia, los salarios devengados por la mayoría de la población económicamente activa, no logra satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas reales, muchos menos hacer posible un desarrollo humano sostenible y sustentable. Los sindicatos constituyen el instrumento inmediato para exigir la justiciabilidad de los derechos laborales, sin embargo, los patronos coptan su formación, compran los ya formados, o los reprimen por medio de juicios largos plagados de recursos legales infundados. “La precaria situación económica y laboral del a mayoría de la población guatemalteca ha repercutido en el incremento de los índices de delincuencia común y organizada. Es claramente un factor causal. El hecho de que la pobreza extrema incidan en los altos índices de criminalidad en el país.”[6]

La aplicación fallida del derecho a la salud en Guatemala es causa de varios problemas sociales. La salud reparadora tiene como carta de presentación: los hospitales con olor a muerte, y  su denominador común: La ausencia de medicamentos y la mala praxis médica, a la orden del día. El sistema anacrónico de salud es alimentado por una élite de galenos que ocupan puestos de dirección y fomentan actos de corrupción, desviando los recursos que se les asignan, los cuales deberían traducirse en atención a la población en su gran mayoría de escasos recursos, pero que aparecen como parte del activo de su imperio médico reflejado en las clínicas privadas y hospitales lujosos de los cuales son propietarios. La justiciabilidad del sistema de salud en Guatemala, lleva aparejado la persecución criminal de los actores que impiden servicios de calidad en el país, así como la modernización de la carrera de medicina en congruencia con los más altos cánones humanistas. Por otra parte, la salud preventiva no existe, en virtud de que es más rentable económicamente para intereses particulares la enfermedad que la prevención.

El derecho a la vivienda, tienen una connotación más política que como derecho social. Los grandes programas dirigidos por la Unidad de Desarrollo de Vivienda Popular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, se encuentran mediatizados y condicionados por la burocracia administrativa que integra dicha entidad, la cual en alianza y contubernio con los líderes inescrupulosos que promueven los proyectos habitacionales del Estado, se convierten en una máquina de la injusticia, que solo sirve para condicionar la vivienda para favorecer sus propios intereses, así como de los estafadores, que han encontrado en las invasiones de tierras estatales, un modus vivendi, que les permite cumplir con sus comodidades personales. Son millones de personas que carecen de vivienda en Guatemala, por lo que el alquiler es una práctica general obligatoria para poseer un techo, ya que las entidades públicas o privadas que promueven la adquisición de la vivienda lo hacen a precios elevados, generando un endeudamiento de por vida.


Por último, con relación al derecho a la alimentación, según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura –FAO- “es un derecho humano universal que permite que las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener en forma sostenible seguridad alimentaria. (…) La soberanía alimentaria, Se entiende como la facultad de cada pueblo para definir sus propias políticas agrarias y alimentarias de acuerdo a objetivos de desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.”[7] Los derechos sociales anteriormente comentados, se relacionan y desembocan en este último derecho, porque si no se tienen trabajo, no hay acceso a una vivienda, tampoco se tendrá los recursos para una alimentación adecuada, lo cual repercutirá en el detrimento de la salud de las personas. Estos nos llevar a pensar en una necesaria concatenación de los derechos sociales, cuya ausencia o vulneración de uno de ellos, provocaría un desequilibrio en el desarrollo de la sociedad, causando efectos contraproducentes.   

La pregunta fundamental a la que he llegado en este punto es: ¿Cómo se pueden justiciar los derechos sociales en Guatemala?

Es interesante con relación a esta interrogante la acotación del Profesor Cáceres Rodríguez, cuando define al Estado de Derecho desde la óptica de la protección de los derechos humanos indicando que: “es aquel en el cual ante la vulneración de los derechos fundamentales de los ciudadanos, existen los medios para prevenir y sancionar tales acciones a cargo de los órganos competentes y legales con el fin de restaurar el ordenamiento jurídico del Estado.”[8]

En Guatemala, existen los medios para prevenir y sancionar tales acciones, el problema estriba en que la mayoría de acciones son individuales. El trabajador demanda al patrono en forma individual. El paciente exige medicina y atención médica de calidad en forma individual. El campesino exige tierras y vivienda en forma individual. Las familias exigen alimentos y seguridad alimentaria en forma individual y en el mejor de los casos, empleando el servicio social de los medios de comunicación. Pero como dice el refrán popular: Una sola golondrina no hace verano, entonces, la lucha por la justiciabilidad de los derechos sociales debe ser colectiva, a toda esa individualidad de problemas se les debe impregnar el matiz “social”, debe trazarse la ruta para desviar los problemas de la población hacia los colectivos sociales, asociaciones, organizaciones no lucrativas, movimientos académicos, políticos, culturales y religiosos, para hacer la lucha viva y exigir el cumplimiento inmediato de estos derechos.  

A guisa de comentario final, arguyo que la justiciabilidad de los derechos sociales, en países en vías de desarrollo tales como Guatemala, constituyen premisa rectora para la consolidación de un Estado de Legalidad (necesario para el fortalecimiento de una emergente democracia) porque el respeto o primacía de la ley, no será factible en sociedades donde sus habitantes no  tengan trabajo, padezcan hambre, vivan en condiciones de extrema pobreza, estén padeciendo enfermedades, todo lo anterior no es más que semillero de las grandes convulsiones sociales. Una vez se hayan suplido los satisfactores de las personas, estas tienen la oportunidad para pensar o reflexionar acerca del respeto del orden jurídico y de sus poderes constituidos. De lo contrario, será como pedirle peras al olmo. El Estado de Derecho será consolidado cuando los derechos humanos sean una realidad no simplemente postulados teóricos plasmados en declaraciones o tratados internacionales, o adornos semánticos de las constituciones políticas de los Estados. Los demás elementos esenciales para la configuración de este tipo de estado, -a mi juicio- son corolario de la vigencia fáctica de los derechos fundamentales.   


[1] Cáceres Rodríguez, Luis Ernesto. Estado de Derechos y Derechos Humanos. Editorial Estudiantil Fenix. Guatemala 2005.  Pág. 40.
[2] Burke, Edmund, Esteban Pujals. Reflexiones sobre la Revolución Francesa. Volumen 31 de Hombre y Sociedad. Ediciones Rialp. Madrid, España, 1989. Pág. 56.  
[3] Ibíd.
[4] Ob. Cit.  Pág. 41.
[5] Ibíd.
[6] Ibíd.
[7] www.fao.org/index_es.htm‎. [Consulta en línea]. 01-06-2013.
[8] Ibíd. Pág. 42.